Un Estado unitario es aquel en que la soberanía popular se ejerce de forma indivisible en todo el territorio nacional. Dentro de esa definición inicial, la construcción de un país descentralizado que transfiera poder y recursos de decisión autónoma a las regiones potenciando sus particularidades no sólo no afecta la gobernabilidad, sino que fortalece la gobernanza territorial, favoreciendo la cooperación entre los distintos actores y una definición compartida de sus prioridades.


Pese a esa convicción no es fácil marchar en esa dirección, porque no es fácil coincidir en cuánta descentralización se quiere, ni cuáles son los instrumentos necesarios para aquello. Con los titulares podemos estar de acuerdo, pero cuando se entra en el detalle la discusión se complejiza.


Asimismo, la descentralización del Estado requiere avances paralelos e integrados en distintas dimensiones: en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal. Si no logramos esta articulación virtuosa, el proceso pierde fuerza y se desdibuja.


Lo que posibilita y genera mayores cambios es el fortalecimiento político de las regiones. Es el punto de partida, la madre de todas las reformas y permite desarrollar las demás, en los ámbitos administrativos y financieros, que son igualmente importantes.


Todos sabemos, le hemos visto en nuestra propia experiencia, que la concentración del poder de decisión en el nivel central del Estado es un factor que juega en contra del desarrollo. La complejidad creciente de las políticas públicas requiere que las decisiones se adopten y se ejecuten en el nivel de gobierno más descentralizado posible, no sólo por una cuestión de legitimidad democrática de las políticas, que ya es un argumento de peso, sino porque se ha comprobado técnicamente que las políticas públicas descentralizadas son más efectivas.


En este contexto, si no existe elección directa de la máxima autoridad regional, el proceso descentralizador se debilita y sobretodo, pierde credibilidad. Es más de la misma fórmula de desconcentración en la que nos encontramos. Por el contrario, elegir a los intendentes desencadena un proceso irreversible, provocando la necesidad de impulsar un conjunto de transformaciones que doten a las nuevas autoridades de las capacidades de gestión que requieren para ejercer su mandato.


Ahora bien, si no se establece un traspaso real del poder, la elección del intendente sería una cuestión meramente cosmética. El desafío entonces, es acompañar la elección de la autoridad regional con el necesario y suficiente traspaso de competencias mediante la reforma política administrativa correspondiente.


Es por esta razón que se ha trabajado con mucho ahínco en los proyectos de ley que son los pilares de la Agenda de Descentralización. Es el caso de la reforma constitucional sobre elección directa y democrática de los intendentes; de la indicación sustitutiva a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, que -entre otros temas de importancia para la administración de los gobiernos regionales- incorpora el traspaso de competencia en las materias de Fomento Productivo e Industria; Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transportes.


Nuestro Gobierno cree fervientemente que “TODO CHILE ES CHILE”, por lo que solo cabe actuar en consecuencia. Por eso nos alegramos de los avances que están experimentando los proyectos que hemos enviado a trámite legislativo. Nuestro compromiso es seguir haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para que estas iniciativas se conviertan en Ley de la República en el más breve plazo posible.


Pero la descentralización es mucho más que unos cuantos proyectos de ley. También tiene que ver con generar un espacio de diálogo en la región para tener una visión compartida y lograr capacidad prospectiva sobre el futuro. Entonces, es tener participación decisiva, que permita diálogo y crear capital social para que las regiones tengan más poder y capacidad para atraer recursos, de manera que puedan expandir sus fortalezas y talentos.


Las regiones ya están en marcha y tenemos que caminar con ellas, no detrás, sino al lado de ellas. Es por esta razón que no sólo se ha avanzado en términos legales y en la discusión en el parlamento de las reformas, sino que se consideró de gran importancia escuchar e involucrar a los actores regionales. Con ese fin se realizaron diez seminarios sobre descentralización en las ciudades capitales de las regiones de La Araucanía, Valparaíso, O’Higgins, Antofagasta, Aysén, Biobío, Magallanes, Arica-Parinacota, Los Ríos y Los Lagos. Y continuaremos este año difundiendo en todo el país.


Seguiremos avanzando para tener gobiernos regionales fuertes, parados sobre sus propios pies y que permita que cada región continúe escribiendo su propia historia, con más atribuciones, con más capacidades, con más poder y con más recursos.


Ese es el compromiso de nuestra Presidenta. Estamos configurando un Estado Unitario descentralizado que permita un desarrollo más armónico de todas las regiones, guardando las características y especificidades de ellas, para seguir construyendo un país más justo y que realmente exprese la riqueza y diversidad de nuestro territorio y de nuestra gente.